Socio Incom por reforma al SAE: «Nueve millones de dólares podrían costar las entrevistas en la selección de colegios»
Académicos del IE e investigadores del CIAE de la Universidad de Chile, Cristian Cabalin y Patricio Rodríguez, expusieron en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en la que se debatió el proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
Fuente: Centro de Investigación Avanzada en Educación – Universidad de Chile
Hasta 9 millones de dólares podría costar al país el regreso de las entrevistas para el proceso de selección de escuelas, considerando que tendrían que dedicarse 3 horas -incluyendo el viaje de ida y vuelta y el proceso mismo de la entrevista- según el valor hora del salario mínimo. Así lo plantearon los investigadores del CIAE y académicos del IE, Patricio Rodríguez y Cristian Cabalin, durante su exposición ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados este jueves 9 de julio, en el marco de la discusión sobre los cambios al Sistema de Admisión Escolar.
Los expertos -que integraron la Mesa Técnica del SAE convocada por el MINEDUC en 2025-, dieron a conocer los efectos que podría tener la iniciativa del Ejecutivo: “Este proyecto fragmenta el sistema, con altos costos económicos y sociales para las familias y el país, genera más ineficiencia y burocracia, introduce métodos discriminatorios prohibidos en países de la OCDE y no soluciona el problema de fondo, que es la falta de oferta educativa de calidad”, planteó Patricio Rodríguez.
Entre los efectos que podría tener la modificación al SAE, mencionaron la fragmentación, debido a que el proyecto propone transitar desde el actual sistema centralizado hacia uno de carácter «mixto», en el cual los establecimientos con mayor demanda puedan implementar un proceso de “elección mutua” para asignar sus cupos, de forma paralela al proceso aleatorio que se aplicaría al resto de los establecimientos. Para los expertos, esto concentrará aún más las postulaciones en menos establecimientos; demandará más tiempo para coordinar y realizar las entrevistas, y una mayor cantidad de estudiantes no será asignada, por lo que deberán pasar por un segundo proceso. “En definitiva, más burocracia, complejidad e ineficiencia”, señalaron Rodríguez y Cabalin.
Respecto a las entrevistas, los expertos explicaron que están prohibidas en muchos establecimientos con financiamiento estatal en países de la OCDE, como Estados Unidos, España, Finlandia, Francia y el Reino Unido. “Se consideran un filtro subjetivo que atenta contra la igualdad de oportunidades, porque generan discriminación y presentan sesgos de distintos tipos”, señalaron.
Además, según los expertos, las entrevistas requieren tiempo y dinero. Según su cálculo, si se consideran solo los colegios con sobredemanda, deberían realizarse 852 mil entrevistas. “Tomando en cuenta 3 horas de dedicación para el proceso completo -incluyendo el viaje de ida y vuelta al colegio- y a un costo de valor hora según el salario mínimo, estas entrevistas costarían al país 9 millones de dólares. Este sería un impuesto a las mujeres trabajadoras, ya que ellas toman el 80% de las decisiones respecto del hogar”, explicaron Rodríguez y Cabalin.
En otro orden, los expertos indicaron que el proyecto no soluciona el problema de fondo: la falta de establecimientos de calidad, que constituye la principal fuente de frustración para las familias. “No propone políticas de mejora de establecimientos en los territorios o niveles con mayor sobredemanda, simplemente entrega a algunos un privilegio sobre escoger a sus estudiantes con una definición muy amplia”, precisó Rodríguez. Añadió que “sin aumentar la oferta de calidad, con cualquier sistema se concentrarán postulaciones en pocos colegios: actualmente el 90,2% postula entre sus tres preferencias a un establecimiento con sobredemanda y por tanto cualquiera sea el sistema, sin aumentar la oferta de calidad, siempre tendremos el mismo problema”.
Recomendaciones de mejora
Los expertos recomendaron “mantener un sistema integrado, perfeccionar el sistema de acuerdo con el consenso técnico y consolidar los avances en la reducción de la segregación”. Las mejoras fueron consensuadas por los integrantes de la Mesa Técnica convocada por el Mineduc en 2025. Entre ellas figuran nuevos criterios de priorización obligatorios en el proceso de asignación, el fortalecimiento de los Proyectos Educativos y la mejora de la usabilidad y la legitimidad del sistema. “Se ha dicho que todas las familias no quieren el SAE, pero hay familias que sí lo valoran, como las de niños y niñas con necesidades educativas especiales, ya que el SAE ha evitado que experimenten discriminación en el proceso de postulación”, explicó Cabalin.
Ahondando en este punto, Cabalin detalló algunas investigaciones FONDECYT que ha realizado sobre la cobertura mediática y el proceso comunicacional del SAE. “Por ejemplo, las familias que tienen más dificultades para acceder a la información tienen una percepción más negativa del SAE”, dijo. Por eso, según el investigador, es clave mejorar los procesos de información asociados al SAE.
“Todas estas mejoras al SAE son cambios rigurosos para no afectar la calidad de esta política pública, en busca de una educación mejor y más equitativa para niños y niñas”, concluyó.
